EL PUNTO DULCE DE LA EDUCACIÓN 

Imelda Rodríguez Escanciano

Golpear la bola en el punto dulce, es decir, en el área dentro de la raqueta que provoca mejor control e impacto aumenta la potencia del juego y el resultado. Justamente lo mismo que necesita hoy nuestra Educación. Hasta el momento, España no ha sido capaz de generar un estadio de consenso político que evite las yincanas de leyes educativas y los vaivenes electoralistas que frenan la innovación y el progreso. Y en Educación, quien no avanza, retrocede. Necesitamos profundidad en el aprendizaje de nuestros alumnos para que impulsen su decisivo pensamiento creativo y crítico. Precisamos concordia para la nueva Educación, para situarla como tema de Estado, también a nivel presupuestario (el gasto público en Educación debe situarse en el 5%, en consonancia con la media de los países de la Unión Europea). Esta posición permitirá acometer una profunda modernización centrada en reorientar el fracaso escolar, garantizar la estabilidad de los docentes, impulsar a los estudiantes con necesidades especiales o incorporar estratégicamente a los currículos las habilidades digitales y humanísticas, imprescindibles para desarrollar profesionales líderes. 

Ahora que se cumplen 20 años del “Plan Bolonia”, debemos apuntalar las vigas maestras que promueven la calidad y competitividad del sistema universitario. Y debemos hacerlo con atino y urgencia porque la globalización no se detiene (nuestros estudiantes competirán principalmente con titulados de otros países del mundo). Quedarse atrás no es una opción. Nuestro sistema universitario es robusto porque cuenta con propósitos bien articulados pero necesita más acción desde la innovación. Considero que 3 son los ámbitos que constituyen el núcleo duro de esta acción para la innovación: un modelo formativo más centrado en promover y dirigir el talento de cada estudiante (aquí surge el esplendor del emprendimiento y la empleabilidad); en segundo lugar, la ordenación de un mapa de titulaciones en consonancia con la educación productiva (la que se diseña sobre las potencialidades de cada territorio); y, por último, un desarrollo de una investigación con alta relevancia científica y rentabilidad social. Y todo, con menor burocracia. Sobre estos ejes fundamentales debemos avanzar, comenzando por una nueva ley de universidades concebida desde el consenso de los partidos políticos, de las administraciones territoriales y de la comunidad universitaria. Calidad de acción que debe movilizar también otros retos inmediatos: enseñar el valor del aprendizaje como forma de vida; fomentar la estabilidad y promoción del personal docente e investigador; favorecer una internacionalización más enérgica, potenciando la movilidad del profesorado (uno de los déficits actuales); o maximizar la eficiencia y transparencia del gobierno de las universidades. 

Otro asunto nuclear es la consolidación de un modelo de innovación e investigación inteligente, centrado especialmente en la transferencia tecnológica. Las universidades deben formar parte, más decisivamente, de un ecosistema renovador que oriente el talento, el empleo y la economía digital (el gasto del PIB en I+D+i no debería situarse por debajo del 2%, sobre todo, atendiendo a su contribución a la economía del bienestar). Prioritario resulta abordar el gran reto de la digitalización (que va más allá de la formación on line), lo que supone propiciar una cultura digital que transforme metodologías, recursos e infraestructuras. Las universidades que no sean capaces de adaptarse a estos desafíos, tenderán a la irrelevancia. Por eso la política universitaria debe favorecer la creación de escenarios por los que transite la vanguardia. El punto dulce de la Educación está hoy en la calidad de esta innovación. Con una buena táctica y el liderazgo adecuado, la universidad española será determinante para promover el éxito de todo un país. Hay mucho partido por delante.